La Corte Suprema: ¿un regreso a las prácticas de los 90?

El reciente decreto presidencial 467, publicado el 16 de junio, ha derogado el Decreto 222, una normativa que establecía ciertos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el proceso de nominación de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida ha generado preocupación entre juristas y sectores de la sociedad civil, quienes advierten sobre un posible retroceso institucional y un incremento en el riesgo de designaciones que recuerden las prácticas opacas de la década de 1990.

El debate se centra en la forma en que se eligen los miembros del máximo tribunal y cómo estas decisiones impactan la confianza pública en la justicia y en las instituciones democráticas del país.

Un vistazo al proceso histórico

La Constitución argentina establece un procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema: el Presidente nomina a un candidato y el Senado debe aprobarlo por dos tercios de los votos. Sin embargo, la práctica ha variado a lo largo del tiempo.

Hasta 2003, en el Senado argentino, las designaciones solían acordarse entre partidos políticos fuera del recinto, sin una audiencia pública donde los candidatos fueran interpelados sobre sus posturas. La votación era rápida y, a menudo, carecía de escrutinio ciudadano.

Un ejemplo paradigmático de este método fue la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. La ley se aprobó rápidamente, y en una sesión secreta de solo siete minutos, el Senado dio luz verde a seis nuevos jueces. Según el análisis, la opacidad y la falta de escrutinio ciudadano en este proceso permitieron la designación de magistrados cuyas trayectorias y reputación no siempre estuvieron a la altura, lo que, según el autor, contribuyó a desacreditar a la institución.

La crisis de 2001 y la demanda de renovación

La profunda crisis política, social y económica de diciembre de 2001, que culminó con la renuncia del presidente De la Rua y violentas manifestaciones, evidenció un quiebre en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. La dirigencia política, incluida la Corte Suprema, enfrentaba un alto nivel de desprestigio. El clamor popular de “¡Que se vayan todos!” también alcanzó al máximo tribunal, cuyas mayorías integradas estaban bajo sospecha de corrupción y pérdida de legitimidad.

En este contexto, en enero de 2002, un grupo de juristas y organizaciones civiles propuso un documento titulado “Una Corte para la Democracia”. La propuesta enfatizaba la necesidad de reformas estructurales para asegurar un funcionamiento más democrático y transparente de la Corte.

El Decreto 222 y la participación ciudadana

Basado en estas propuestas, en 2003 el presidente Kirchner sancionó el Decreto 222. Esta normativa introdujo “autolimitaciones” a la facultad presidencial de nominar jueces. Incluía el compromiso de dar publicidad al nombre del nominado antes de enviar el pliego al Senado, permitiendo la opinión de diversos actores de la sociedad civil. El objetivo era incentivar la nominación de personas con trayectorias y reputaciones sólidas, capaces de superar un escrutinio público riguroso. La publicidad y la participación ciudadana se concibieron como un antídoto contra designaciones poco transparentes.

La derogación y sus consecuencias

La reciente derogación del Decreto 222 por el decreto presidencial 467 ha sido calificada como una “profunda desgracia y un enorme retroceso en materia de calidad institucional”. El gobierno argumentó que las disposiciones del Decreto 222 eran redundantes con el debate en el Senado y que la transparencia previa generaba demoras innecesarias.

Sin embargo, el análisis sugiere que la verdadera razón es la reticencia del Poder Ejecutivo a enfrentar nuevamente el “alto costo político” que implicó el último intento de nominar jueces bajo la vigencia del Decreto 222, debido a la transparencia y participación ciudadana.

La principal preocupación es que esta decisión incremente considerablemente el riesgo de que las nominaciones vuelvan a los estándares de la Corte de los 90. La calidad de los futuros magistrados dependerá, a partir de ahora, exclusivamente del criterio del Presidente y sus asesores más cercanos. La advertencia es clara: los errores en estas designaciones podrían tener consecuencias negativas para el país por décadas, afectando la confianza pública en la justicia.

Datos clave

La derogación del Decreto 222 genera interrogantes sobre el futuro de la independencia judicial y la calidad institucional en Argentina. La transparencia y la rendición de cuentas en la designación de los miembros de la Corte Suprema son pilares fundamentales para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en el Estado de derecho.

Fuente: Clarin Opinion, ¿Volver a (la Corte de) los 90?, https://www.clarin.com/opinion/volver-corte-90_0_PPDDIetXWx.html