La Justicia ordena a PAMI y Ministerio de Salud regularizar pagos por prestaciones de discapacidad

Un reciente fallo judicial emitido por el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ha ordenado al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación normalizar los pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en Argentina. La resolución, dictada este martes, surge a raíz de un amparo colectivo con alcance nacional y busca revertir una situación que los demandantes describen como de “demoras crónicas” y “riesgo inminente” para quienes dependen de estas prestaciones esenciales.

La medida cautelar establece un plazo de 72 horas para que ambas instituciones regularicen la cadena de pagos. Esta decisión judicial es de vital importancia para miles de personas con discapacidad en todo el país, cuyas terapias, medicamentos y tratamientos se ven afectados por la falta de cumplimiento en los desembolsos estatales. El fallo regirá por seis meses o hasta que se emita una sentencia firme sobre la cuestión de fondo.

El Amparo Colectivo y sus Fundamentos

El amparo fue impulsado por el colectivo Defendamos Córdoba, en conjunto con otras organizaciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y diversos centros terapéuticos locales. La denuncia central radica en que los prestadores no están recibiendo los pagos correspondientes por parte del Estado, lo que lleva a la interrupción de terapias cruciales para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como a la suspensión en la entrega de medicamentos.

El juez Vaca Narvaja fue enfático al instar al PAMI y al Ministerio de Salud a cumplir con los pagos “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones”, y les exigió arbitrar todas las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento, bajo apercibimiento. Esta advertencia subraya la gravedad de la situación y la necesidad urgente de una solución.

Riesgo Inminente y Precedentes

Para fundamentar su decisión, el magistrado cordobés tomó como antecedente una sentencia previa del Juzgado Federal de Campana. En diciembre de 2025, ese juzgado había declarado inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y había ordenado la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este precedente refuerza la postura de que las demoras en los pagos son contrarias a la normativa vigente y a los derechos de las personas con discapacidad.

El juez Vaca Narvaja destacó en su resolución que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos no solo afectan la calidad de vida, sino que implican un “riesgo inminente” para la salud y el bienestar de los beneficiarios. Esta calificación de “riesgo inminente” es clave, ya que justifica la urgencia de la medida cautelar y la necesidad de una acción inmediata por parte de las entidades estatales.

Casos Concretos y Justificación Oficial

El fallo judicial recoge ejemplos concretos de las consecuencias de estas demoras. Uno de los casos citados es el del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución que denunció haber acumulado deudas por intereses al fisco que ascienden a $41.556.675,86 durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, debido a los retrasos del Estado. Además, esta institución sufrió la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril, impactando directamente en la atención de sus residentes.

Datos clave

• Autoridad Judicial: Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja (Córdoba)
• Instituciones Afectadas: PAMI, Ministerio de Salud (Programa Incluir Salud)
• Plazo para Regularización: 72 horas
• Alcance del Fallo: Nacional
• Período de Vigencia: 6 meses o hasta sentencia firme

Por su parte, el programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación presentó un informe que atribuye las demoras a un “proceso de reordenamiento estructural del área”. Según la cartera que conduce Mario Lugones, este reordenamiento busca “corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad”, como resultado de una intervención previa del organismo.

El informe ministerial sostiene que la transferencia del programa al ámbito del Ministerio de Salud implicó la incorporación a los estándares de gestión de la Administración Pública Nacional centralizada, lo que generó demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos. Sin embargo, el Ministerio asegura que “dichas demoras no obedecen a una reducción de la cobertura ni a una desatención de las personas con discapacidad, hallándose en pleno proceso de regularización”. A pesar de estas explicaciones, la Justicia ha determinado que la situación amerita una intervención urgente para proteger los derechos de las personas afectadas.

Implicancias para los Ciudadanos

Este fallo tiene implicaciones directas para miles de familias argentinas que dependen de las prestaciones por discapacidad. La regularización de los pagos significa la continuidad de terapias, la entrega a tiempo de medicamentos y la estabilidad de los servicios esenciales para un sector vulnerable de la población. La decisión judicial busca garantizar que las personas con discapacidad no vean sus derechos vulnerados por las demoras administrativas o los procesos de reestructuración interna del Estado. Es un recordatorio de que, incluso en contextos de cambio y reordenamiento, los servicios esenciales y los derechos fundamentales deben ser garantizados sin interrupciones.