Jubilada víctima de estafa pide celeridad judicial con la nueva Ley Joaquín

Una jubilada de 71 años, quien percibe el haber mínimo y atraviesa una situación económica apremiante, ha solicitado a la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba la aplicación inmediata de la Ley 11.122, conocida como Ley Joaquín, para acelerar el proceso judicial de una causa por defraudación inmobiliaria iniciada hace varios años. El objetivo es destrabar el expediente, que aún no tiene fecha de audiencia de debate, y obtener una resolución ante la prolongada demora que agrava su situación de vulnerabilidad.

La mujer, que cobra $400.000 mensuales de jubilación y además trabaja como costurera para subsistir, se encuentra en una profunda asfixia económica. Sus gastos básicos, incluyendo alquiler y expensas, superaban los $700.000 hasta mayo pasado, obligándola a mudarse a la casa de su hija. La presentación judicial, patrocinada por el abogado Rodrigo López Tais, enfatiza la necesidad de una “tutela reforzada” para personas de edad avanzada, argumentando que el paso del tiempo consume un “tiempo vital irrecuperable”.

Por que importa

La Ley Joaquín, aprobada por unanimidad por la Unicameral de Córdoba el pasado 28 de mayo, consagra el derecho de las víctimas de delitos a intervenir en todo el proceso judicial. La norma establece principios de celeridad, dignidad y no revictimización, obligando a las autoridades a evitar dilaciones injustificadas y a adoptar medidas para una respuesta rápida y eficaz. Además, introduce un trato especial para las personas mayores de 70 años y cuestiona la mora judicial prolongada como un daño adicional al provocado por el delito original.

El caso se originó en 2015, cuando la víctima adquirió conocimiento de un emprendimiento inmobiliario para la compra de un departamento en construcción en el edificio “Torre Rumiah”, ubicado en barrio Alto Alberdi. Tras suscribir documentación y abonar diversas sumas de dinero, la obra no avanzó según lo prometido, generando dudas sobre la situación real del proyecto. La querellante sostiene que fue inducida a entregar dinero mediante una maniobra engañosa, sin recibir el inmueble ni una solución efectiva, lo que la llevó a denunciar la estafa inmobiliaria y el desbaratamiento de derechos acordados.

Contexto

Desde entonces, el hecho fue investigado y elevado a juicio, radicándose el expediente en la Cámara 10ª del Crimen hace tres años. Uno de los dos imputados en la causa falleció el año pasado, mientras que la víctima reclama ahora la pronta realización del juicio. El escrito presentado por la defensa concluye con un llamado a la acción estatal, solicitando el impulso inmediato de la causa para evitar que “la biología llegue antes que la justicia”, una frase que resume el riesgo de la inacción judicial en casos que afectan a personas vulnerables.

El acceso a la justicia, según se argumenta, no se limita a la simple entrada al sistema, sino al derecho a obtener una respuesta definitiva que detenga el agravamiento del daño sufrido, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. La presentación busca que la justicia actúe con la celeridad que la nueva legislación promueve, garantizando una respuesta oportuna a las víctimas de delitos.

Datos clave
Ley Joaquín (11.122) | Amplía derechos de las víctimas en procesos judiciales.
Aprobación | Unanimidad en la Unicameral de Córdoba, 28 de mayo.
Beneficiarios | Víctimas de delitos, con trato especial para mayores de 70 años.
Objetivo | Celeridad, dignidad y no revictimización en los procesos.

La situación de esta jubilada pone de relieve la importancia de la agilidad en los procesos judiciales, especialmente cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad y que dependen de la resolución de estos casos para mejorar su calidad de vida. La Ley Joaquín busca precisamente abordar estas demoras, garantizando que la justicia actúe de manera más eficiente y humana. Para los lectores en Argentina, este caso ilustra los desafíos que aún persisten en el sistema judicial para garantizar una respuesta rápida y efectiva a las víctimas de delitos, y cómo nuevas normativas buscan subsanar estas deficiencias.

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