Ex empleados de Balcedo apelan suspensión de remate de estancia en Uruguay

Los trece ex empleados del sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege han apelado ante el Tribunal de Apelaciones de Uruguay la resolución que suspendió el remate de la estancia “El Gran Chaparral”, ubicada en el Cerro de los Burros. La jueza laboral de 7° Turno de Maldonado, Ecatherina Cardozo, había frenado la subasta, prevista para el 8 de junio, a solicitud de un exhorto emitido por el juez federal argentino de La Plata, Ernesto Kreplak. Los trabajadores, que reclaman una suma cercana a los 2.000.000 de dólares en créditos laborales adeudados desde 2018, consideran que esta medida posterga indefinidamente la única vía para recuperar sus acreencias.

Argumentos de la apelación

Los abogados de los demandantes calificaron la decisión de la jueza Cardozo como “inoportuna”, dado que se tomó a solo siete días hábiles de la fecha programada para el remate, cuando las publicaciones legales ya se habían realizado y el martillero había incurrido en gastos de publicidad.

El primer eje de la apelación se centra en la competencia judicial. Los letrados argumentan que un exhorto de cooperación internacional en materia penal debería ser recibido por un juez penal, y no por un tribunal laboral. Según remarcaron, el juez penal es el “natural” para este tipo de solicitudes, y señalaron que el Juzgado de Crimen Organizado de Uruguay ya había expresado una postura similar en el pasado, sin que la jueza Cardozo modificara su criterio entonces.

Marcelo Balcedo fue detenido en enero de 2018 en “El Gran Chaparral” durante un operativo conjunto entre la justicia argentina y uruguaya. El juez Ernesto Kreplak lo investiga en la causa FLP 2436/2015/22, acusado de liderar una organización dedicada a cometer delitos, lavar activos y desviar fondos sindicales para beneficio personal. El expediente de Kreplak, donde ya existen condenas contra excolaboradores de Balcedo, sostiene que el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) funcionaba como base de esta estructura y que parte de los fondos habrían provenido del vaciamiento de las arcas gremiales.

En el allanamiento a la finca de Balcedo, se secuestró medio millón de dólares en efectivo, aproximadamente 4,5 millones de pesos argentinos, euros, armas, vehículos de alta gama (Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz) y animales exóticos. La fiscalía uruguaya calificó el procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia del país. Balcedo y Fiege admitieron su responsabilidad en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas, recibiendo una condena firme en octubre de 2020. A pesar de la solicitud de extradición de Argentina en 2018, esta permanece sin resolución.

El segundo argumento de la apelación cuestiona la fundamentación de la resolución de la jueza Cardozo. Los abogados consideran que la magistrada “no explica en forma suficiente las razones por las cuales se remitió al pedido que recibió de Argentina”. Sostienen que la jueza no evaluó si el exhorto cumplía los requisitos para ser acogido por un juzgado laboral ni si correspondía suspender un proceso de ejecución con sentencias firmes a favor de los trabajadores.

El argumento de fondo, que los abogados consideran el de mayor peso, se basa en que los trabajadores cuentan con fallos firmes a su favor. El embargo registrado sobre la propiedad, anotado como “Camacho, Luis y otros. Ejecución de sentencia. N° 17.734, 26/10/2022”, es anterior al cautelar argentino. Los demandantes argumentan que la justicia uruguaya no debería paralizar un remate por el pedido de un juez argentino cuando aún no existe una sentencia definitiva en ese país. La postura del Estado argentino, en cambio, se limita a un embargo preventivo en el marco de una causa que, tras ocho años, aún no ha resultado en una condena para Balcedo.

Para los demandantes, la decisión de la justicia uruguaya “solo beneficia a Balcedo y Fiege, quienes no perderán su residencia en El Gran Chaparral mientras se sigue discutiendo el tema en Argentina”.

Contradicción con antecedentes

La apelación también hace referencia a los propios antecedentes de la jueza Cardozo. Se recuerda que años atrás, la misma jueza había permitido seguir adelante con embargos contra bienes de Balcedo, incluso cuando el juzgado penal sostenía que no podía afectarlos por un pedido argentino, en una disputa de competencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la magistrada habría adoptado la posición contraria.

El exhorto que motivó la suspensión provino del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, actuando a instancias de la fiscal federal María Laura Roteta y del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los fiscales se enteraron del remate a través de medios periodísticos y verificaron el edicto en el Diario Oficial uruguayo. El Estado argentino había solicitado el embargo de “El Gran Chaparral” mediante exhorto en junio de 2018, reiterado en septiembre de 2019 y ampliado en diciembre de 2022 por un monto total de 26.000.000 de dólares. La postura del juez Kreplak va más allá de la preservación de activos; su criterio es que, de concretarse la subasta, el producido sea girado a su juzgado para resarcir a las víctimas.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Reclamo de ex empleados | USD 2.000.000 en deudas salariales |
| Propiedad en cuestión | Estancia “El Gran Chaparral”, Uruguay |
| Juez argentino interviniente | Ernesto Kreplak (La Plata) |
| Jueza uruguaya interviniente | Ecatherina Cardozo (Maldonado) |

Este desarrollo judicial en Uruguay tiene implicaciones directas para los ex trabajadores argentinos que buscan cobrar deudas salariales. La suspensión del remate de la estancia “El Gran Chaparral”, propiedad del sindicalista Marcelo Balcedo, posterga la posibilidad de una rápida recuperación de los fondos adeudados. La apelación presentada por los ex empleados busca revertir esta decisión, argumentando cuestiones de competencia y la prevalencia de sus fallos firmes sobre embargos preventivos en causas aún no resueltas en Argentina. La resolución de esta disputa podría sentar un precedente sobre cómo las justicias de ambos países interactúan en casos de lavado de activos y deudas laborales transfronterizas.

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