El oficialismo busca eliminar comisiones en ART para el Estado y reducir el gasto público

El oficialismo en Argentina ha presentado un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de eliminar las comisiones de intermediación que el Estado Nacional y los entes públicos pagan al contratar Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Esta medida se enmarca en la política de reducción del gasto público y busca abaratar los costos asociados a las pólizas de seguros laborales.

La propuesta, impulsada por la diputada Mercedes Llano del bloque La Libertad Avanza, apunta a modificar la Ley 26.773, que actualmente permite a las ART destinar hasta un 5% de sus ingresos totales a gastos de comercialización, sin diferenciar entre clientes privados y públicos. La fundamentación detrás de la iniciativa es que, dado que el seguro de ART es obligatorio por ley, no existe una necesidad real de “venderlo” al Estado, lo que hace innecesarias las comisiones.

Impacto en el Gasto Público

La iniciativa busca que el Estado deje de absorber indirectamente estos gastos de comercialización, lo que en teoría debería traducirse en una reducción significativa del costo de las pólizas de ART. Este ahorro podría ser redirigido hacia otras áreas o prestaciones para los trabajadores. La eliminación de estas comisiones busca optimizar los recursos públicos al eliminar un costo que se considera superfluo en las contrataciones estatales. Esto pone el foco en la eficiencia del gasto público y en la reasignación de fondos a servicios esenciales o directamente a los beneficios de los empleados.

Modificaciones Propuestas

El proyecto de ley modifica específicamente el artículo 16 de la Ley 26.773. Prohíbe que las ART incluyan en sus presupuestos gastos vinculados a la intermediación (publicidad, promoción, comisiones a terceros y honorarios derivados) cuando las contrataciones sean realizadas por el Estado Nacional o entes públicos. Para el sector privado, el límite del 5% para gastos de comercialización se mantendría inalterado. Además, la propuesta incorpora dos nuevos artículos que obligan a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a reglamentar la norma en un plazo de 90 días, estableciendo criterios técnicos y mecanismos de auditoría.

Régimen de Sanciones

Para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa, el proyecto contempla un estricto régimen de sanciones para las ART que infrinjan la ley. Estas sanciones incluyen multas de hasta el 5% de sus ingresos anuales, la suspensión de entre 6 meses y 2 años para participar en licitaciones públicas, y la inhabilitación de hasta 5 años en casos de incumplimientos graves o reiterados. Las sanciones deberán ser publicadas en el portal oficial de la SRT, aumentando la transparencia y el control sobre estas entidades.

Datos clave

Fomento de la Competencia

Otro beneficio esperado de esta reforma es el fomento de una mayor competencia entre las aseguradoras en el segmento público. Al no poder diferenciarse a través de la comercialización o la intervención de intermediarios, las ART se verían obligadas a competir exclusivamente en base al precio y la calidad de sus servicios. Esto podría resultar en mejores condiciones para el Estado como contratante y, en última instancia, en un servicio más eficiente para los trabajadores. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a este régimen o a dictar normas equivalentes, lo que podría ampliar el impacto de la reforma a nivel subnacional.