Milei flexibiliza la reforma laboral y negocia con la CGT mientras la caja sindical se mantiene intacta

El Gobierno de Javier Milei modificó por decreto la reglamentación de la reforma laboral para preservar la caja sindical, en un gesto que la oposición sindical interpretó como una señal de debilidad política. La normativa 612/26, firmada por el presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, establece que el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones mensuales de los trabajadores y no solo sobre el salario básico convencional. Además, se volvieron a habilitar los aportes empresariales a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico, una medida que blanquea las contribuciones adicionales que los empleadores realizan a las obras sociales sindicales.

La decisión, publicada el 25 de julio de 2026, es la segunda concesión importante del Ejecutivo a la CGT desde la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en febrero pasado. En aquella ocasión, la Casa Rosada aceptó eliminar los artículos que eliminaban los aportes solidarios y los reemplazó por un límite del 2%, luego de una negociación de último momento impulsada por el sindicalista Gerardo Martínez, jefe de la Uocra.

El triunvirato de mando de la CGT, integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, evitó hacer declaraciones conjuntas para no exponer sus diferencias internas, pero participó el miércoles de la marcha de los jubilados al Congreso. La central obrera también convocó a una movilización para el 7 de agosto en la Iglesia de San Cayetano, en un intento por mantener la presión sobre el Gobierno sin llegar a un nuevo paro general.

Datos clave

Negociación abierta por las obras sociales

En paralelo a la flexibilización laboral, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones, para discutir el financiamiento del sistema de obras sociales. La crisis del sistema sanitario se agravó por el aumento de la informalidad laboral, que redujo los aportes. Según un documento de la CGT, el promedio de recaudación por beneficiario es de $67.525, mientras que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) ronda los $110.000 per cápita. Más de 9 millones de afiliados, equivalentes al 67% de la población de obras sociales nacionales, están por debajo de ese promedio.

Lugones evalúa una reestructuración del sistema y mantiene un canal de diálogo con los gremialistas. Las conversaciones giran en torno a la creación de un fondo de compensación o un esquema de redistribución que permita cubrir el déficit de las obras sociales más pequeñas. La CGT advierte que, sin cambios, muchas obras sociales podrían colapsar en los próximos meses.

La estrategia judicial de la CGT

Mientras negocia con el Gobierno, la CGT mantiene una ofensiva judicial contra la Ley de Modernización Laboral. El equipo legal de la central obrera, encabezado por la abogada Marta Pujadas y el asesor Pablo Topet, presentó una impugnación en el fuero Contencioso Administrativo para objetar los límites al derecho a huelga y la prelación de los convenios colectivos. Esperan una definición judicial tras la feria de invierno.

Un fallo favorable a la CGT sería otro revés para la reforma laboral de Milei, que tampoco logró adhesiones entre las cámaras empresarias convocadas por la Secretaría de Trabajo para renegociar los convenios sectoriales. El secretario Julio Cordero llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero la convocatoria tuvo escaso eco.

El caso Osprera y la sombra de la corrupción

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sigue con atención el avance de la causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera). El juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias, y el principal apuntado es Sergio Aguirre, un socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera. Cordero no participó de las contrataciones, pero sí facilitó el primer paso para que la Justicia intervenga el gremio y luego la obra social, una decisión impulsada inicialmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud.

El caso suma presión sobre el Gobierno en un momento en que la relación con el sector sindical es tensa. La CGT, por su parte, busca evitar que el escándalo afecte a sus dirigentes y mantiene el perfil bajo.

Qué significa esta concesión para los lectores de Va Seguro

La decisión del Gobierno de flexibilizar la reforma laboral tiene consecuencias concretas para los trabajadores argentinos. La cuota solidaria, que se descuenta de los salarios para financiar a los sindicatos, seguirá vigente con un tope del 2% sobre el total de las remuneraciones. Esto implica que los trabajadores formales continuarán aportando a sus gremios, aunque el monto esté limitado.

Por otro lado, la negociación por las obras sociales afecta directamente a la calidad de la cobertura médica. El sistema está en crisis porque los aportes no alcanzan para cubrir el costo del PMO, y si no se encuentra una solución, los afiliados podrían ver reducidas las prestaciones o enfrentar mayores costos. La CGT presiona para que el Estado intervenga con un fondo de compensación, pero el Gobierno aún no definió su postura.

Para los jubilados, la movilización del 7 de agosto es un nuevo capítulo en el reclamo por el aumento de la jubilación mínima, que hoy es de $481.989 con bono. La CGT adhirió a la protesta, pero su participación fue testimonial, lo que refleja la tensión entre la base sindical y la conducción que negocia con el Gobierno.

Fuente: La Nacion – El apretón de manos de Milei con “la casta sindical” (parte II) – https://www.lanacion.com.ar/politica/el-apreton-de-manos-de-milei-con-la-casta-sindical-parte-ii-nid25072026/