El Gobierno nacional ha puesto la lupa sobre la informalidad laboral y la evasión fiscal, implementando medidas para combatir estas práctica

El Gobierno nacional ha puesto la lupa sobre la informalidad laboral y la evasión fiscal, implementando medidas para combatir estas prácticas que afectan la recaudación y la competencia leal entre empresas. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se están llevando a cabo operativos de fiscalización en distintos sectores, mientras que paralelamente, la justicia investiga a entidades bancarias por presuntas irregularidades en la retención de aportes de sus trabajadores.

La preocupación oficial surge ante cifras que indican altos niveles de empleo no registrado, superando en algunos rubros el 50%. Esta situación no solo impacta negativamente en las arcas del Estado, sino que también genera distorsiones en el mercado y perjudica a los trabajadores formales.

Controles en cadenas gastronómicas

En un esfuerzo por detectar y sancionar el empleo en negro, ARCA ha realizado operativos en importantes cadenas de pizzerías. Recientemente, se inspeccionaron 46 locales de la cadena Kentucky, abarcando Capital Federal y Gran Buenos Aires. El resultado de estas fiscalizaciones reveló que el 49% de los 463 trabajadores relevados presentaba irregularidades. Entre las faltas más comunes se encontraron la falta de alta en el sistema, diferencias en las fechas de ingreso y discrepancias en las remuneraciones declaradas. Además, se identificaron 222 trabajadores que no estaban registrados formalmente.

Estos operativos también incluyeron el control de los dispositivos PosNet utilizados para el cobro de las operaciones, buscando asegurar la correcta declaración de las transacciones comerciales.

La situación en otras cadenas gastronómicas no fue diferente. En Ugi’s, se fiscalizaron 95 trabajadores, de los cuales el 94% presentaba algún tipo de irregularidad. Por su parte, en La Panera Rosa, de los 17 locales inspeccionados, el 78% de los empleados registraba alguna anomalía, con 103 trabajadores no declarados y 181 sin alta en el sistema.

ARCA ha manifestado que estos operativos continuarán en diversos rubros, con el objetivo de erradicar la evasión y promover la formalización del empleo. La entidad recaudadora busca así aumentar la base de contribuyentes y asegurar que todos cumplan con sus obligaciones fiscales.

Denuncias contra bancos

Paralelamente a los controles en comercios, el Gobierno enfrenta una compleja situación judicial con denuncias presentadas contra varias entidades bancarias. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha formulado denuncias penales contra bancos por presuntas irregularidades en la retención de aportes de Seguridad Social y Obra Social de sus propios empleados.

Según fuentes judiciales, las denuncias se centran en el incumplimiento del plazo legal de treinta días corridos para depositar los aportes retenidos a los trabajadores. La ley establece que la omisión total o parcial del depósito de estos aportes, una vez vencido el plazo legal, constituye el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.

Las denuncias fueron presentadas en abril de este año e involucran a bancos como el Nuevo Banco de Entre Ríos (en la Fiscalía Federal de Paraná), el Banco Santa Fe (en la Unidad Fiscal de Santa Fe de Delitos Sencillos), el Banco Galicia y el Banco Santander (en la Fiscalía Penal Económico 11).

Desde ARCA, si bien no se han pronunciado oficialmente sobre los detalles de cada denuncia, se confirma que las acciones judiciales avanzan en la búsqueda de esclarecer estas presuntas retenciones indebidas.

Impacto en la recaudación

La lucha contra la informalidad laboral y la evasión fiscal tiene un impacto directo en la recaudación del Estado. Un aumento en el empleo formal y una mayor declaración de ingresos se traducen en más recursos para financiar servicios públicos, programas sociales e inversión en infraestructura.

El Gobierno ha manifestado su preocupación por la recaudación, especialmente en un contexto donde se han implementado medidas para reducir algunas retenciones y exenciones impositivas. La efectividad de los operativos y las acciones judiciales en curso será clave para determinar si se logra recuperar terreno perdido y si estas medidas contribuyen a mejorar la situación fiscal del país.

La informalidad laboral no solo afecta al Estado, sino también a los trabajadores, quienes al no estar registrados pierden acceso a beneficios como aportes jubilatorios, cobertura de obra social, seguro de desempleo y acceso a créditos. Para las empresas, la informalidad puede significar una ventaja competitiva a corto plazo, pero a largo plazo las expone a sanciones, multas y un mayor escrutinio por parte de las autoridades fiscales.

La situación económica actual, con desafíos en materia de inflación y actividad económica, hace que la optimización de la recaudación fiscal sea una prioridad para el Gobierno. Las acciones emprendidas contra la informalidad buscan no solo aumentar los ingresos, sino también promover un sistema económico más equitativo y transparente.

El Gobierno evalúa que la formalización del empleo y el cumplimiento tributario son pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible de Argentina. Se espera que las medidas implementadas generen un efecto disuasorio sobre las prácticas irregulares y fomenten una cultura de mayor responsabilidad fiscal entre empresas y trabajadores.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Entidad fiscalizadora | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) |
| Sectores fiscalizados | Cadenas de pizzerías (Kentucky, Ugi’s, La Panera Rosa) |
| Irregularidades detectadas | Empleo no registrado, falta de alta, diferencias salariales |
| Denuncias bancarias | Retenciones indebidas de aportes de Seguridad Social y Obra Social |
| Objetivos | Combatir informalidad, aumentar recaudación, promover formalización |

El impacto de estas medidas se sentirá en la vida cotidiana de los argentinos, tanto en la posible mejora de los servicios públicos financiados por la recaudación, como en la equidad del mercado laboral. Para los trabajadores, la formalización implica mayor seguridad y acceso a derechos. Para las empresas, un marco de competencia más justo.

Fuente: Clarin – Al Gobierno le preocupa la recaudación y la informalidad (https://www.clarin.com/economia/gobierno-preocupa-recaudacion-informalidad_0_Ves0BJ3Prb.html)

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