Datos que salvan vidas: hacia un sistema unificado de información sobre violencia feminicida en Argentina y la región

La desarticulación de los datos sobre violencia de género y la débil interoperabilidad de los sistemas son una constante en América Latina, lo que impacta directamente en la capacidad de los Estados para proteger a las mujeres. Ante este panorama, la urgencia de implementar Sistemas Unificados de Información sobre Violencia Feminicida (SUIF) se vuelve crucial para salvar vidas. En este contexto, Argentina ha dado pasos significativos con la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios (UFEM).

La Problemática Regional

En diversos países de la región, la falta de coordinación en los registros oficiales es una realidad que dificulta la visión clara de la violencia feminicida. Casos como el de Perú, donde distintas instituciones reportan cifras contradictorias de feminicidios para un mismo período, son un claro ejemplo de esta fragmentación. Esta discrepancia no es un error menor; es el síntoma de una desarticulación institucional que persiste y que tiene consecuencias fatales. Cuando los datos están atrapados en “compartimentos estancos”, la ruta crítica del peligro que enfrentan las víctimas se vuelve invisible para el Estado.

La experiencia de Argentina y México

América Latina ofrece ejemplos de éxito en la centralización de datos. México cuenta con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), que crea expedientes electrónicos únicos para las víctimas en sus 32 entidades federativas, evitando la revictimización. Este sistema permite a las autoridades detectar áreas de alto riesgo y dar seguimiento continuo a cada caso judicializado.

Por su parte, Argentina ha avanzado con la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios (UFEM), adscrita al Ministerio Público Fiscal. Este organismo tiene como función recopilar información a nivel nacional para guiar las políticas de prevención y alimentar las decisiones judiciales. Tanto el modelo mexicano como el argentino demuestran que la centralización de datos mejora significativamente la persecución penal y la capacidad de respuesta estatal ante la violencia de género.

Desafíos en la Interoperabilidad

A pesar de los avances, el principal problema no es la ausencia total de datos, sino su profunda desarticulación operativa. En muchos casos, una denuncia en un centro de emergencia no activa una alerta inmediata en otras dependencias clave, como la policía local. Esta falta de interoperabilidad obligatoria convierte a la burocracia en un cómplice involuntario de la impunidad criminal. El vínculo entre la desaparición de personas y los feminicidios es un aspecto crítico de esta desconexión institucional, donde la falta de una alerta temprana y coordinada puede tener consecuencias irreversibles.

Tecnología y Soluciones Adaptadas

La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero no es una solución mágica sin la capacidad operativa y la infraestructura adecuadas. Chile, por ejemplo, ha implementado el monitoreo telemático de agresores mediante tobilleras electrónicas, con resultados positivos en zonas urbanas, aunque enfrenta desafíos en regiones con brechas de conectividad. Colombia, por otro lado, ha fortalecido su Línea 155, integrándola con la policía y la fiscalía para agilizar la atención de emergencias y garantizar una cadena de custodia. Para que un SUIF sea efectivo, debe diseñarse con soluciones diferenciadas que consideren las realidades geográficas y tecnológicas de cada región.

La importancia de la inversión y la coordinación

La modernización de los sistemas a menudo se interrumpe por falta de presupuesto, pero la inacción resulta mucho más costosa. La invisibilidad estadística de la violencia de género perpetúa el ciclo del dolor y la impunidad. Es fundamental que los estados asuman su responsabilidad de actuar con la debida diligencia, liderando la integración de los sistemas de información en derechos humanos. Construir un sistema unificado no requiere inventar nada nuevo, sino que las instituciones compartan la información que ya poseen de forma interoperable y con calidad de datos garantizada. La coordinación básica no es una utopía; es una obligación para proteger a las víctimas.

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