La Justicia imputó al director nacional del PAMI por no restituir la cobertura del 100% de medicamentos a jubilados

La falta de cumplimiento de una orden judicial que data de mayo de 2025 llevó a la imputación del director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, en una causa por desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión de la Justicia se conoció esta semana, a quince meses de que un fallo ordenara la restitución del programa Vivir Mejor, que garantizaba la cobertura automática del 100% de los medicamentos para todos los jubilados afiliados a la obra social.

El caso expone una situación crítica para millones de personas mayores en Argentina que dependen del PAMI para acceder a remedios esenciales. Según el informe de gestión que el propio gobierno nacional presentó ante el Congreso, 2,2 millones de afiliados quedaron fuera de la cobertura del 100% de ciertos medicamentos. De ese total, 1,6 millones consumían esos remedios de forma regular antes de que se eliminara el beneficio.

El origen del conflicto judicial

En mayo de 2025, la Justicia Federal de Córdoba ordenó al PAMI restituir el programa Vivir Mejor para todos los jubilados de esa provincia. La medida se basó en un amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otras organizaciones. En octubre del mismo año, el fallo se extendió a todo el país, pero nunca se ejecutó.

Los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, que llevan adelante la causa, explicaron a PERFIL que las autoridades provinciales y nacionales recurrieron a sucesivas apelaciones para evitar cumplir con la orden. “Evidentemente estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque los funcionarios nombrados por el gobierno nacional se niegan a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad”, señalaron desde la APDH en un documento compartido con el medio.

La denuncia penal apunta tanto al exdirector del PAMI en Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, como al director nacional, Esteban Leguizamo. Según la acusación, ambos son considerados “autores, cómplices o instigadores” de los delitos mencionados. Leguizamo fue citado a declarar el 5 de mayo de este año, luego de varias suspensiones previas.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Afiliados sin cobertura del 100% | 2,2 millones |
| Afiliados que consumían regularmente los remedios | 1,6 millones |
| Presupuesto 2026 para prestaciones farmacéuticas | $2,2 billones (318 mil millones menos que en 2025) |
| Incremento de precio de algunos medicamentos | Hasta 900% desde el inicio de la gestión actual |

El impacto en la salud de los jubilados

La demora en la restitución de los medicamentos tiene consecuencias concretas en la vida de las personas mayores. La Defensoría del Pueblo de Villa La Angostura, a través de su titular Sebastián Baltanaz, expuso ante la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados un caso paradigmático: un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón al que el PAMI le negó el tratamiento oncológico indicado por su médico.

“Para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, relató Baltanaz durante la reunión. Y agregó: “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”.

Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, contó en primera persona cómo la falta de cobertura afecta a sus compañeros. Mencionó el caso de una mujer que enfermó de cáncer y, ante la negativa del PAMI, los demás jubilados se organizaron para juntar dinero y costear parte del tratamiento. “Ella murió el año pasado”, dijo Valverde, que resumió la actitud del Estado frente a los reclamos: “Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo”.

La última canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires estimó que, para marzo de este año, un jubilado necesitaba al menos 500 mil pesos mensuales solo para cubrir medicamentos. Ese monto supera la jubilación mínima, que en agosto con el bono incluido asciende a 489 mil pesos.

Clínicas y sanatorios en alerta

La crisis del PAMI no se limita a los medicamentos. La atención médica en clínicas y sanatorios privados también está comprometida. Andrés Sabalette, representante del grupo de prestadores del PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, advirtió en la Cámara de Diputados que la atención de 300 mil jubilados en esas provincias está en riesgo.

“Hay un gran atraso en los precios que abona la obra social a los prestadores. Si tomamos como referencia la inflación, es del 80% en estos dos años y medio”, afirmó Sabalette. Según su testimonio, las prestaciones que paga el PAMI no alcanzan a cubrir los costos operativos, lo que obligó a suspender internaciones y cirugías.

El problema también afecta al sistema de salud en su conjunto. En la mayoría de esas clínicas, el 40% de la actividad está orientada a pacientes del PAMI. La reducción de servicios no solo perjudica a los jubilados, sino que deriva pacientes hacia el sector público, que ya se encuentra saturado y con menor capacidad de resolver casos complejos.

Federico de Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores, aportó datos que ilustran el impacto económico sobre los afiliados. Según su relevamiento, algunos de los medicamentos más consumidos por los jubilados, como los indicados para problemas de circulación, aumentaron hasta un 900% desde el inicio de la actual gestión: pasaron de 11.500 a 115 mil pesos. Los antibióticos, por su parte, subieron un 636%, de 4.478 a 33 mil pesos.

Silencio oficial y próximos pasos

Ante la consulta de PERFIL, desde el PAMI desmintieron los rumores sobre una posible renuncia de Esteban Leguizamo, pero evitaron responder si la obra social está incumpliendo la orden judicial y se negaron a dar declaraciones sobre la imputación del director nacional. La falta de respuesta oficial contrasta con la gravedad de las acusaciones y con el impacto que la situación tiene sobre millones de personas mayores en todo el país.

La causa judicial continúa su curso. La imputación de Leguizamo y Patiño Brizuela marca un precedente en el que la Justicia busca determinar si hubo desobediencia deliberada a un fallo firme. Para los jubilados que esperan la restitución de sus medicamentos, el tiempo sigue corriendo.

Fuente: Perfil – “A quince meses de la orden judicial, el PAMI no cumple con la restitución de medicamentos” (https://www.perfil.com/noticias/economia/a-quince-meses-de-la-orden-judicial-el-pami-no-cumple-con-la-restitucion-de-medicamentos.phtml)

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