La Corte Suprema de Argentina confirma la extradición de Dirisio y Nardi a Brasil por contrabando de armas

La Corte Suprema de Argentina confirma la extradición de Dirisio y Nardi a Brasil por contrabando de armas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la extradición a Brasil de Diego Hernán Dirisio y su pareja, Julieta Vanessa Nardi Aranda, quienes son señalados como las cabezas de una presunta organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armamento a gran escala. Este fallo pone fin a una disputa judicial y avanza en el proceso de investigación conocido como “Operación Dakovo”, que busca desmantelar una red que supuestamente proveía armas a organizaciones delictivas brasileñas.

El proceso de extradición, que se inició en el Juzgado Federal de Córdoba N° 3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, continuará su curso tras la decisión del máximo tribunal. Dirisio, quien se encuentra bajo vigilancia domiciliaria con tobillera electrónica en Córdoba, enfrenta acusaciones en Brasil por tráfico internacional de armas de fuego, organización criminal transnacional y blanqueo de capitales. Nardi, de nacionalidad paraguaya, está imputada por liderar junto a Dirisio una organización criminal transnacional.

La Corte desestimó los pedidos de los abogados defensores que solicitaban informes complementarios a Paraguay, Estados Unidos y Brasil, así como la suspensión del dictamen fiscal. El tribunal consideró que dichos planteos no presentaban circunstancias nuevas y se basaban en cuestiones ya conocidas o introducidas de forma tardía en el proceso.

Impacto en Argentina

Si bien la decisión de la Corte Suprema es un paso crucial para la justicia brasileña, su implicancia para Argentina se centra en la rama judicial y de seguridad. La confirmación de la extradición de Dirisio y Nardi subraya la preocupación por la operativa de redes criminales transnacionales que utilizan territorio argentino como punto de tránsito o base de operaciones. La investigación de la “Operación Dakovo” ha puesto de manifiesto la complejidad de estas redes, que involucran empresas de importación de armas, supuestos vínculos políticos y movimientos financieros ilícitos.

La situación de Julieta Nardi añade un matiz particular, ya que, siendo de nacionalidad paraguaya, ha solicitado obtener el estatus de refugiada en Argentina. Este trámite se encuentra pendiente de resolución y podría generar demoras adicionales en el proceso de extradición, a pesar del fallo de la Corte. La defensa de Nardi podría utilizar esta instancia administrativa para intentar retrasar su traslado a Brasil.

La trama detrás del caso

La investigación gira en torno a Diego Dirisio, propietario de la firma Air Supply (IAS), con sede en Paraguay. La Justicia del Estado de Bahía, Brasil, sospecha que IAS habría participado en la venta ilegal de más de 43.000 armas, con un valor estimado de US$ 244 millones, a organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

La “Operación Dakovo” se originó a raíz de controles rutinarios en rutas de Bahía, Brasil, donde se encontraron armas registradas a nombre de IAS. Las hipótesis judiciales sugieren la posible creación de empresas fantasma para justificar las ventas y la duplicación de certificados para encubrir faltantes.

El caso involucra a militares paraguayos y empresarios del rubro bélico, y ha derivado en la detención de más de una decena de personas. Entre los nombres relevantes se encuentra el general Aldo Daniel Ozuna, exdirector de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) en Paraguay, organismo encargado de autorizar la compra y venta de armas y municiones. La presunta participación de Ozuna en acuerdos con la Compañía Brasilera de Cartuchos (CBC) y las tensiones generadas con empresarios paraguayos del sector, habrían sido un factor clave en la persecución penal, según atribuyen en el entorno de Dirisio.

Datos clave

El caso de Dirisio y Nardi pone de relieve la interconexión entre el crimen organizado a nivel regional y la facilidad con la que pueden operar redes transnacionales. La capacidad de estas organizaciones para adquirir armamento a gran escala y su posterior distribución a grupos delictivos plantea un desafío significativo para las fuerzas de seguridad y los sistemas judiciales de Argentina, Brasil y Paraguay. La investigación busca no solo sancionar a los responsables directos, sino también desentrañar la estructura completa de la red y sus mecanismos de financiación y operación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación refuerza la cooperación judicial internacional en la lucha contra el crimen organizado. La confirmación de la extradición es una señal clara de que Argentina está comprometida con el desmantelamiento de estas redes y la entrega de los presuntos responsables a la justicia de los países donde se cometieron los delitos. Sin embargo, la situación de Nardi y su pedido de refugio introduce un elemento de incertidumbre sobre la inminencia de la extradición.