Lanzan blanqueo laboral: beneficios para empleadores y trabajadores

Lanzan blanqueo laboral: beneficios para empleadores y trabajadores

El Gobierno nacional puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa destinada a formalizar relaciones laborales no declaradas o incompletas en el sector privado. La medida, oficializada a través del Decreto 409/2026, busca sacar de la informalidad a trabajadores y regularizar la situación de empleadores, ofreciendo una serie de beneficios escalonados. La reglamentación de esta herramienta, promulgada inicialmente con la Ley de Modernización Laboral el 6 de marzo, otorga incentivos para la regularización y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social.

Beneficios para empleadores

Los empleadores que adhieran al PER podrán regularizar su situación ante la AFIP y acceder a beneficios que varían según el tamaño de su empresa. El decreto establece porcentajes de condonación de deudas por aportes y contribuciones impagos a la seguridad social, siendo especialmente favorables para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán contar con el Certificado MIPyME vigente a la fecha de adhesión. La condonación abarca aportes destinados al sistema previsional, obras sociales, riesgos del trabajo y seguros de vida obligatorios. Además, se contempla una condonación del 100% para deudas vinculadas al Seguro de Salud, cuotas de riesgos del trabajo y seguro colectivo de vida, sin requerir condiciones especiales del empleador, exceptuando deudas por alícuotas adicionales de regímenes especiales.

Implicancias para los trabajadores

Uno de los aspectos más relevantes del decreto para los trabajadores es que el período regularizado bajo el PER se computará como tiempo de servicio a todos los efectos previsionales y laborales. Esto significa que dicho tiempo será válido para acreditar los años mínimos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal del sistema jubilatorio, así como para demostrar la condición de aportante para obtener el Retiro Transitorio por Invalidez o la Pensión por Fallecimiento. Adicionalmente, el tiempo regularizado habilitará el acceso a prestaciones por desempleo, tanto para trabajadores en general como para los del sector de la construcción. La base de cálculo para estas prestaciones será el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la adhesión, a menos que la relación laboral hubiera estado deficientemente registrada en cuanto a la remuneración, en cuyo caso se tomará el salario declarado si supera el mínimo.

Mecanismos de pago y consecuencias penales

El decreto también detalla los mecanismos para la cancelación de la deuda no condonada. Los empleadores tendrán dos opciones: pago al contado, con una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses no condonados, en condiciones a establecer por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); o la adhesión a un Plan de Facilidades de Pago que ARCA deberá implementar. La ARCA es designada como entidad ejecutora del régimen, encargada de diseñar y gestionar los planes de pago accesibles. En cuanto a las consecuencias penales, la adhesión al PER extinguirá la acción penal por delitos vinculados al Régimen Penal Tributario, siempre que no exista sentencia firme y las imputaciones estén relacionadas con las obligaciones regularizadas. Finalmente, se prevé la baja automática del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) para las infracciones cometidas hasta la fecha de promulgación de la ley.

Datos clave

Este desarrollo es de gran importancia para la economía argentina, ya que busca formalizar el empleo, lo que puede traducirse en una mayor recaudación fiscal y en una mejora de las condiciones laborales para miles de trabajadores. La reducción de la informalidad es un objetivo recurrente de las políticas económicas, y este régimen intenta incentivar a los empleadores a cumplir con sus obligaciones, aliviando cargas financieras y penales. Para los trabajadores, la formalización implica el acceso a derechos y beneficios previsionales que antes no poseían, fortaleciendo su red de seguridad social.