Caso Nora Dalmasso: Destituyeron a tres fiscales por “negligencia grave” y “mal desempeño

Este miércoles se hicieron públicos los fundamentos del jury que derivó en la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes estuvieron a cargo de la investigación del resonante crimen de Nora Dalmasso. La decisión, que se había tomado el 7 de mayo, se basa en una evaluación de “negligencia grave, desidia y mal desempeño” en sus funciones a lo largo de casi dos décadas de investigación. El caso, que conmovió a Río Cuarto, Córdoba y el país, se mantiene impune desde el asesinato de Dalmasso en noviembre de 2006.

El proceso de destitución concluye un capítulo en la compleja y criticada investigación. Los fundamentos detallan cómo los fiscales, en sus respectivos turnos, se habrían “ensañado con la familia de la víctima” y, de manera crucial, “descartaron la prueba clave de ADN” que finalmente apuntaba a Roberto Bárzola, el parquetista que en 2024 fue identificado genéticamente en la escena del crimen.

El derrotero de la investigación

El crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en su casa de Río Cuarto, generó diversas hipótesis a lo largo de los años. Entre ellas, se barajaron teorías que involucraban desde un albañil, pasando por su propio hijo Facundo Macarrón, hasta su esposo Marcelo Macarrón, o incluso sicarios colombianos contratados por este último. Estas líneas de investigación, que hoy pueden parecer “un desquicio”, fueron las predominantes bajo la dirección de Di Santo, Miralles y Pizarro.

Los fiscales fueron destituidos de sus cargos el pasado 7 de mayo, tras un jury que se inició el 21 de abril y contó con la participación de aproximadamente 40 testigos. La persistencia en enfocar la investigación en el círculo íntimo de la víctima fue un factor determinante, según los fundamentos. Esto llevó a que el principal sospechoso, Roberto Bárzola, pasara desapercibido durante años. Solo en 2024 se le extrajo sangre para un cotejo de ADN, y los resultados, conocidos a fines de 2025, revelaron la presencia de sus rastros genéticos en diez puntos de la bata de baño utilizada para estrangular a Dalmasso, además de un vello púbico encontrado en los genitales de la víctima.

La acusación y el rol del parquetista

Bárzola, a quien la familia Dalmasso ya había señalado en 2007, fue indagado pero el tiempo transcurrido le permitió solicitar la prescripción de la acusación, un pedido que hasta ahora ha sido favorablemente resuelto por un juez y la Cámara. La familia Macarrón –conformada por Marcelo, Facundo y Valentina– mantiene la esperanza de que la Corte local revierta estas resoluciones, aunque se reconoce que es una tarea compleja.

El nuevo resultado de ADN fue clave para reevaluar la actuación de los fiscales, y los fundamentos del veredicto del jury consolidan las críticas a su desempeño. Los términos utilizados por el jurado son contundentes, señalando un “patrón homogéneo de desidia en la toma de medidas efectivas para el esclarecimiento del hecho”. Se destacó que los fiscales “acogieron una conjetura y se mantuvieron en ella buscando únicamente elementos que la corroboraran”, sin ser “exhaustivos a la hora de analizar otras líneas de investigación o indagar acerca de otras hipótesis”.

Datos clave

• Crimen de Nora Dalmasso: 25 de noviembre de 2006, Río Cuarto, Córdoba.
• Fiscales destituidos: Javier Di Santo, Daniel Miralles, Luis Pizarro.
• Motivos de destitución: Negligencia grave, desidia, mal desempeño.
• Principal sospechoso: Roberto Bárzola (parquetista), identificado por ADN en 2025.

Revictimización y errores procesales

La fiscal general adjunta Betina Croppi, quien solicitó la destitución de los tres fiscales, hizo hincapié en la “revictimización de Dalmasso”, aludiendo a un trato sin perspectiva de género y la vulneración del derecho a la intimidad debido a la difusión de rumores que habrían emanado de la propia fiscalía. Croppi también subrayó los “errores en el relevamiento de pruebas” desde el inicio y el descarte de elementos que luego se volvieron centrales.

Di Santo estuvo a cargo de la causa entre 2006 y 2015, Miralles entre 2016 y 2017, y Pizarro entre 2017 y 2019. A pesar de los cuestionamientos, todos continuaron en sus cargos hasta este jury. Los fiscales se defendieron y pidieron su absolución, pero el tribunal, tras una audiencia de casi 14 horas, falló por unanimidad a favor de la destitución e inhabilitación absoluta para ejercer cargos en el poder judicial provincial.

Este caso es significativo para la justicia argentina, ya que, según Croppi, “es la primera vez que en la provincia se procede en un jury de enjuiciamiento en contra de tres funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial”. La decisión del jurado es inapelable según la normativa vigente, aunque las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La separación del cargo es inmediata, independientemente de futuras presentaciones judiciales.